El Real Decreto 1007/2023, también conocido como Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación (SIF), detalla los requisitos que debe aportar un software de facturación para empresarios y profesionales. Su objetivo es estandarizar los formatos de los registros de facturación y ampliar el control sobre dicha facturación para impedir el fraude fiscal.

Antes del 1 de julio de 2025, todos los obligados tributarios deberán estar adaptados a dicha normativa. No obstante, esta fecha podría sufrir cambios y aplazarse hasta una fecha posterior al 29 de julio de 2025, que es cuando será de aplicación para los desarrolladores y comercializadores.

El reglamento es aplicable en todo el territorio español (excepto País Vasco y Navarra) y se aplicará a todos los obligados tributarios que utilicen sistemas informáticos de facturación y que sean:

• Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, excepto entidades exentas.
• Contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas.
• Contribuyentes del IRNR que obtengan rentas mediante establecimiento permanente.
• Entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades económicas.

No será de aplicación para aquellas empresas o profesionales que estén acogidos al Suministro Inmediato de Información (SII).

Afecta a todas las empresas y profesionales que emiten facturas mediante lo que el Reglamento considera que es un sistema informático de facturación, es decir, cualquier sistema de software y hardware que se use para emitir facturas y que permita admitir, conservar y procesar la información de facturación.

Según el Reglamento, se considera sistema informático de facturación al conjunto de hardware y software utilizado para expedir facturas mediante la realización de las siguientes acciones:

• Admitir la entrada de información de facturación por cualquier método.
• Conservar la información de facturación, ya sea mediante su almacenamiento en el propio sistema informático de facturación o mediante su salida al exterior del mismo en un soporte físico de cualquier tipo y naturaleza o a través de la remisión telemática a otro sistema informático, sea o no de facturación.
• Procesar la información de facturación mediante cualquier procedimiento para producir otros resultados derivados, independientemente de dónde se realice este proceso, pudiendo ser en el propio sistema informático de facturación o en otro sistema informático previa remisión de la información al mismo por cualquier vía directa o indirecta.

Lo son si se utilizan para admitir, conservar y procesar la información de facturación. Por lo tanto, si lo son, deberán cumplir los requisitos que establece este Reglamento, lo que implica tener un sistema adaptado.

La comunicación de los registros de facturación a la AEAT es voluntaria. El contribuyente tiene dos opciones:

• Modalidad Verifactu: consiste en el envío automático inmediato del registro de facturación, es decir, en tiempo real se enviarán las facturas emitidas a la AEAT. Es la opción más cómoda y la recomendada por la Administración.
• Modalidad No Verifactu: es el registro sin envío de las facturas. Cada registro debe estar firmado digitalmente y a disposición de la AEAT en cualquier momento.

Las empresas desarrolladoras de software deberán contar obligatoriamente con una declaración responsable de la que quede constancia, por escrito y de forma visible en el propio sistema informático, del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley General Tributaria y en este Real Decreto.

Nuestro software de gestión y facturación OvalSoft lleva adaptándose desde 2021 a la nueva normativa, y actualmente cumple todos los requisitos establecidos en el Real Decreto 1000/2023.

Ante cualquier cambio/adaptación del Reglamento el programa se actualizará para adaptarse al cumplimiento de los nuevos requisitos.

Sí, el incumplimiento de los requisitos por parte de empresas y autónomos se sancionará con multas de 50.000 euros “por cada ejercicio, cuando se trate de la infracción por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, o se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados”.

En el caso de los desarrolladores y comercializadores de software, serán multas de 150.000 euros “por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o electrónico que sea objeto de la infracción”. Además, “se sancionarán con multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado en el que se produzca la falta del certificado”.